Dada la contingencia nacional, este acuerdo supone ser un avance para lograr generar un cambio positivo en varios sectores.

El tema tributario en estos últimos meses se ha convertido en algo muy relevante para efectos del nuevo pacto social que se implementará en mayor medida a partir del año 2020, ya que es una de las principales fuentes de financiamiento de los programas sociales, salud, pensiones, educación y vivienda, por mencionar algunos.

En tiempos de transformación digital y compromisos en el país, Nelson Valenzuela Morales, director de cumplimiento tributario en Quadran Legal, asegura que “el actual sistema no se adecúa a la nueva economía social de mercado y al entorno en el que Chile se desenvuelve como país OCDE”.

En tal sentido, el especialista tributario explica que “es muy importante que el país planifique durante el año 2020 un sistema tributario moderno y sencillo pensado en el largo plazo, que pueda ser discutido ampliamente en una mesa que se forme a partir de las firmas de tributaristas, colegios de profesionales, académicos, federaciones de estudiantes, gremios empresariales y sindicatos de trabajadores; para generar un consenso amplio y no discutir cada dos años los mismos temas”.

Por tanto, en la medida que las demandas sociales se traduzcan en nuevos proyectos de ley y que se concreten los petitorios de las personas y de las organizaciones sociales mediante la discusión constitucional y otras normativas, el acuerdo debiera seguir su curso normal, e incluso, a partir del mes de marzo se debiera iniciar la discusión a una eventual disminución en la tasa del IVA y el término de la renta presunta.

El especialista, además, destaca que los puntos clave del acuerdo tributario han sido, sin duda, el término a la reintegración para las empresas con ingresos por sobre los UF 75.000, el impuesto al patrimonio aplicable a los bienes raíces de alto valor y la eliminación de la recuperación de los PPUA; que obedecen principalmente a medidas recaudatorias adoptadas en el marco del estallido social.

Asimismo, detalla que la reintegración, por ejemplo, permitirá seguir recaudando US$ 800 millones cada año, y respecto al impuesto al patrimonio este recaudaría, según estimaciones, por sobre los US$ 200 millones y afectaría a unas 35.000 personas.

Ahora bien, sobre el alto valor de los bienes raíces en Santiago, por ejemplo, el valor de las propiedades durante los últimos cinco años ha subido bastante, siendo uno de los puntos del acuerdo más debatidos, porque ha impedido que ciertos sectores de clase media accedan a algunos beneficios fiscales y sociales; como son la rebaja del IVA o crédito aplicable a empresas constructoras, en relación con los inmuebles que tienen pensión superior a 3 mil UF.

En resumen, Nelson advierte que “en estos tiempos lo que se necesita es más recaudación en los programas, pienso que faltó una mirada más en este acuerdo tributario, dado que, por ejemplo, las propiedades han tenido una significativa alza en su valor afectando a muchos”.

Cómo enfrentar el acuerdo tributario 

Se entiende que con este acuerdo se espera una mayor recaudación, resultando en medidas positivas para todos. Sin embargo, se debe considerar que al separar más el sistema Pyme de las grandes empresas, y al relacionar las contribuciones con la situación de los dueños de los inmuebles, se dificultaría la situación para contribuyentes y fiscalizadores.

Ahora bien, en particular para las grandes empresas no existen beneficios relevantes que surjan de este nuevo acuerdo, por cuanto lo que se busca con él es mantener una mayor recaudación que financie un gasto social creciente en el tiempo, y es altamente probable que se sigan restringiendo ciertos beneficios que hoy existen para los denominados grandes contribuyentes; tales como el beneficio tributario del artículo 107 de la Ley de la Renta, el Market Maker y las rentas presuntas.

No obstante, Valenzuela comenta que “las grandes empresas se están viendo afectadas en mayor medida por la reintegración del impuesto en primera categoría, es decir, contra los impuestos finales porque eso iba a permitirles un ahorro total, alrededor de 800 millones de dólares. Hoy día ese ahorro no lo van a tener porque eso se va a traducir en una mayor recaudación para poder cubrir la demanda social”

Por tanto, dado que este acuerdo tributario es meramente recaudatorio, una de las pérdidas más considerables que van a tener las grandes empresas es la reintegración, la no devolución o la no recuperación de los PPUA, que es la devolución de impuestos que se produce cuando los holdings tienen una pérdida tributaria y las sociedades filiales le distribuye dividendos con créditos de primera categoría.

En consecuencia, este acuerdo que supone un desafío para las grandes empresas también generó mecanismos de supervivencia para sobrellevar las medidas. Actualmente varias compañías enfrentan la situación manteniendo las posiciones que tienen e invirtiendo en el exterior, permitiéndoles una flexibilidad de rápido movimiento dentro de este proceso.

“Estimo que el próximo año se mantenga una economía un poco más contenida en cuanto a la inversión hasta que la situación social permita o les dé quizás luces de que se pueden implementar proyectos de inversión de largo plazo, cuando existan certezas más que nada. Hoy día el enfoque financiero está en los activos financieros en el exterior y eso es lo que estimamos que se mantendrá el próximo año”, advierte Valenzuela.

En esa línea, y para finalizar, agrega que “el sistema tributario actual no da para más, eso en algún minuto va a obligar a efectuar una discusión en una mesa tributaria amplia a nivel nacional, que nos permitirá tener un sistema tributario moderno, simple y que en el largo plazo fomentará a las grandes empresas a que sigan invirtiendo en el país y no desvíen los capitales hacia el extranjero, pero estamos hablando de planear un sistema tributario de largo plazo, mínimo 10 años y para eso se necesita un gran acuerdo político y económico”.